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Naturaleza y marco regulatorio


1. Naturaleza de la profesión

 

¿Qué significa ser Escribano Público en Uruguay?
El Escribano es el profesional de derecho facultado legalmente para dar forma jurídica a la voluntad negocial de las partes y a los actos jurídicos que requieren documentación, haciendo el documento notarial plena fe, como instrumento público (Art. 1574 del Código Civil) con fecha cierta y autenticidad, y fuerza probatoria erga omnes (Art. 1575 del mismo Código). A su valor constitutivo (cuando la ley requiere la forma notarial para el nacimiento del derecho, acto o negocio) y a su valor probatorio, se agrega el valor ejecutivo (cuando la ley procesal lo habilita para ello).

La intervención notarial es imprescindible en el otorgamiento de los actos y contratos que requieren escritura pública (según el Art. 1574 del C. Civil es el instrumento público otorgado ante Escribano e incorporado en su Protocolo).

A título enunciativo se mencionan los siguientes casos:
• testamentos solemnes abiertos, incluyendo su modificación y revocación;
• partición de la herencia y del condominio contractual;
• toda traslación de dominio a cualquier título de bienes inmuebles;
• constitución y venta de derechos reales sobre bienes inmuebles como el usufructo;
• constitución de bien de familia;
• cesión o venta de derechos hereditarios;
• repudiación de la herencia;
• capitulaciones matrimoniales;
• renta vitalicia;
• hipoteca;

Fuera del Código Civil existen otros casos en que la escritura pública es exigida como requisito de solemnidad, como el poder para litigar previsto por el Código General del Proceso bajo pena de nulidad, y el del reglamento de copropiedad que regula o incorpora un edificio al régimen de propiedad horizontal de acuerdo a las Leyes de Propiedad Horizontal.
En otros casos, la certificación notarial del otorgamiento de documentos privados se exige legalmente para inscribir ciertos contratos en los Registros Públicos respectivos, como la promesa de enajenación de inmuebles; el contrato de crédito de uso (leasing); la prenda sin desplazamiento de tenencia; la promesa de enajenación de establecimientos comerciales.

Asimismo el Escribano puede patrocinar ante los tribunales judiciales los asuntos de jurisdicción voluntaria, donde no existe conflicto o contienda de intereses (Art. 37 del Código General del Proceso, Ley 15.982 del 18 de octubre de 1988).

El Escribano puede firmar toda clase de escritos en los trámites judiciales de:
• sucesiones;
• disolución de sociedad legal de bienes;
• rectificación de partidas;
• inscripciones en el Registro Público y General de Comercio;
• venias o autorizaciones judiciales;
• curadurías especiales a fin de completar la capacidad para contratar;
• emancipaciones;
• expedición de copias o duplicados de escrituras públicas, hijuelas o promesas de enajenación;
• información de vida y costumbres.
En caso de suscitarse litigio, la firma de Abogado será preceptiva en los asuntos enumerados, cesando la habilitación del escribano para seguir patrocinando el asunto.

El Código General del Proceso introdujo otras competencias para el Escribano:
- El Art. 105 faculta al Escribano, siempre que la parte lo solicite y el tribunal lo autorice, a expedir testimonios y certificados referentes al contenido de los expedientes judiciales, dándoles igual valor que a sus similares expedidos por el actuario o secretario del tribunal.
- Los Art. 77 y 79, también a requerimiento de la parte y con autorización del tribunal, lo habilitan para efectuar las diligencias de notificación de los actos judiciales a las partes, mediante actas notariales protocolizadas que brindan la máxima garantía en cuanto a eficacia en las comunicaciones procesales.

Interviene en el control de actividades que puedan provenir del “lavado de dinero”. Ley de control de lavado de dinero.

¿Cuáles son las incompatibilidades para el ejercicio profesional?
Es absolutamente incompatible el ejercicio simultáneo de la profesión de Escribano Público con:
a) Ser miembro del Clero.
b) Tener estado militar -personal militar, reservistas incorporados a las Fuerzas Armadas y ciudadanos movilizados, mientras dure la movilización-. El personal civil, aún equiparado, no queda comprendido en esta incompatibilidad.
c) Ser beneficiario del subsidio por enfermedad o de jubilación abonados por la Caja Notarial de Seguridad Social.
d) Desempeñar cargos de Magistrados Judiciales y del Ministerio Público y Fiscal.
e) Desempeñar cargos en la Administración Pública con régimen de dedicación total.

Existen inhibiciones en los siguientes casos:
a) Por razón de coexistencia de funciones públicas, los Escribanos que fueren Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Representantes, miembros de los Directorios de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados o del Tribunal de Cuentas, están inhibidos de la función notarial en la medida prevista en la Constitución.
Asimismo, a los Escribanos que fueren empleados de despachos y oficinas internas de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados, les está prohibido tramitar o intervenir en asuntos judiciales (Art. 252 de la Constitución).

b) Por razón de familia y parentesco, los Escribanos no podrán intervenir en forma alguna en actos ni contratos en que sean otorgantes, por derecho propio o en representación de terceros, su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y demás miembros de su familia (v.g. hijos adoptivos, padres adoptantes). La inhibición de que trata este literal no alcanza a los actos en que intervengan personas casadas con el cuñado o cuñada del Escribano, salvo los actos en que estas personas estuvieren interesadas (v.g. adquisición de bienes a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal).

c) Por razón del contenido, y con excepción de los actos referidos a la custodia de documentos confiados por las partes al Escribano y los actos secretos o reservados en que éste desconoce la voluntad del otorgante, los Escribanos no podrán autorizar escrituras públicas, actas, certificados o traslados, relacionados con ellos, sus cónyuges, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y demás miembros de su familia. Quedan también comprendidos en esta inhibición los testamentos solemnes abiertos que contengan disposiciones en su favor, de su cónyuge, de cualquiera de sus parientes dentro del cuarto grado, demás miembros de su familia o de sus dependientes asalariados.

d) Por razón de buen orden administrativo, los Escribanos que fueren Intendentes o miembros de las Juntas Departamentales o Locales, no podrán autorizar documento notarial alguno en cuyo contenido el organismo en el que desempeñan funciones tuviere algún interés o ellos hubieren participado en la sustanciación del expediente respectivo.

En general, se recomienda a los escribanos no autorizar acto alguno en que tengan interés personas privadas de quienes ellos o sus cónyuges dependan a sueldo o con quienes tengan sociedad.

¿Existe un número limitado de Escribanos?
El régimen uruguayo es de notariado libre.

¿Puede establecerse libremente o se le asigna una residencia determinada?
El Escribano puede establecerse donde quiera y su competencia abarca todo el territorio nacional. No hay límites actuantes.

¿Existe la posibilidad de transmitir por herencia dicha función?
No existe esa posibilidad.

¿Cómo se llega a ser Escribano en nuestro país?
La carrera de Escribano Público puede cursarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en Universidades privadas habilitadas. La duración de la carrera, es de 6 años.
Se debe tener una edad mínima (23 años cumplidos); si se tiene honradez y costumbres morales y no se está afectado por las incapacidades e incompatibilidades que establece la ley, previo juramente de “desempeñar bien y fielmente el cargo, respetar y cumplir la Constitución y las leyes, jamás desmerecer de la confianza debida al carácter de la profesión”, se obtiene de la Suprema Corte de Justicia -órgano máximo del Poder Judicial- la investidura habilitante para el ejercicio profesional.

 

 

2. El Escribano Público y las instituciones

 

Habilitación para el ejercicio profesional (investidura) > Suprema Corte de Justicia (Poder Judicial).

Afiliación gremial (voluntaria) > Asociación de Escribanos del Uruguay.

¿El Escribano tiene un límite de edad para ejercer?
No existe edad límite para el ejercicio profesional.

¿En el ejercicio de la profesión hay controles de órganos estrictamente profesionales? ¿Existen otra clase de controles? ¿Cuáles?
La superintendencia del notariado la ejerce por la ley la Suprema Corte de Justicia a través de su Inspección General de Registros Notariales que realiza que realiza la visita de los protocolos. Además, a nivel está el Consejo Arbitral de la Asociación de Escribanos del Uruguay que recibe las denuncias de irregularidades en el ejercicio de la profesión, asumiendo de esta forma el contralor del comportamiento ético del escribano.

¿La intervención del Escribano es impuesta según una tarifa fijada por el Estado o según una tarifa por los organismos profesionales?
- El arancel oficial es determinado por la Asociación de Escribanos del Uruguay. Son excepcionales los casos de determinación de los honorarios por el Estado.
- El Arancel es éticamente obligatorio.
- Puede ser utilizado para competir, en cuyo caso nos encontraremos, seguramente, ante hipótesis de concurrencia desleal.

¿Se grava al Escribano con impuestos según reglas específicas? ¿O por el contrario, está sometido a la misma imposición como cualquier otro profesional?
La actividad está gravada con el Impuesto al valor Agregado por servicios personales, cuya tasa es del 23 % de los honorarios.

2) En ocasión de solicitarse primera inscripción de traslación de dominio de un inmueble gravada por el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, que haga referencia a un plano de mensura registrado en la Dirección Nacional de Catastro con posterioridad al 1 de agosto de 2004, se devenga una prestación del 5 % del impuesto a las transmisiones patrimoniales, cuya aplicación controlará el Registro de la Propiedad. Son sujetos pasivos los mismos del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.

¿Posee también fuerza ejecutiva?
Los documentos notariales, en tanto instrumentos públicos, si contienen obligación de pagar cantidad líquida y exigible, son títulos ejecutivos, al igual que los documentos privados que tengan certificación notarial de firmas.

¿El Escribano tiene un deber de consejo? ¿Dicho deber lo sanciona la ley, la jurisprudencia o la costumbre?
- Tiene el deber de asesorar, contenido tácitamente en la ley según parte de la doctrina ya que si le compete “redactar, extender y autorizar” actos y contratos (Art. 1 de la Ley Orgánica Notarial), se entiende que previamente debe asesorar a las partes. Este deber está, asimismo, reconocido por la jurisprudencia y contenido en el Código de Ética.

Actos societarios. No hay exigencia legal de intervención notarial en materia de sociedades, pero para que los contratos de sociedad puedan ser registrados, es menester que tengan certificación notarial de firmas si estuvieran en documento privado, así como incorporados al Registro de protocolizaciones de un Escribano.

Actos constitutivos de garantías (hipotecas, recaudos, etc.). Hipotecas.

¿Cuáles son los diferentes aspectos de la responsabilidad del Escribano en el ejercicio de sus funciones: como funcionario público, como mandatario, como administrador de negocios, como consejero?

a) responsabilidad civil (Art. 75 Ley Orgánica Notarial), estando la doctrina dividida en cuanto a si el régimen aplicable es el de la responsabilidad contractual o extracontractual. La Cátedra de Derecho Notarial de la Facultad de Derecho se inclina por la responsabilidad extracontractual;

c) responsabilidad penal, siendo equiparado al funcionario público respecto de los delitos de falsificación documentaria (Art. 248 del Código Penal) y agregándose a la sanción penal propia del delito la de suspensión en el ejercicio profesional cuando dicho delito sea cometido en el ejercicio de la profesión o con abuso de la fe pública de que está investido (Ley Nº 12.395);

Además, cabe tener en cuenta la responsabilidad deontológica regulada por el Código de Ética.

 



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