Asociación de Escribanos del Uruguay

Con fecha 9 de setiembre, la AEU presentó una nota ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, a los efectos de ampliar el informe oportunamente elevado, en relación con el proyecto de Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

Con base en los argumentos que se exponen a continuación, la institución solicitó a la Comisión la supresión del artículo 251 del proyecto de ley a estudio, exhortando a que se respete la independencia de los poderes públicos y se aguarde la resolución de los órganos jurisdiccionales competentes sobre la legalidad de los cobros cuestionados.

Sorpresa y afectación de la buena fe

Hemos identificado con profunda preocupación el contenido del actual artículo 251 (antes 292) del mensaje presupuestal. Mediante dicha disposición, el Poder Ejecutivo introduce una modificación sustancial a la Ley 11.907 (Ley de Creación de OSE) con el único y deliberado propósito de enervar el recurso administrativo y judicial interpuesto por la AEU contra el tarifario 2026 de dicho organismo, el cual incluye ilegítimamente el cobro del certificado por concepto de saneamiento.

Invasión de órbita competencial

Resulta inadmisible que, a los solos efectos de salvaguardar sus intereses en el marco de un litigio pendiente, la Administración pretenda utilizar la vía legislativa para modificar las reglas de juego con efecto retroactivo o dirimir a su favor una controversia de naturaleza estrictamente jurídica que actualmente se ventila en los estrados competentes.

Vulneración de garantías básicas

La utilización del instrumento presupuestal para convalidar actos cuestionados judicialmente vulnera el principio de separación de poderes, la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso. Pretender que el Poder Legislativo resuelva por vía interpretativa o modificatoria un diferendo judicial en trámite desnaturaliza la función del Parlamento, convirtiéndolo en juez y parte de un conflicto administrativo.